Monitorear la deforestación para que los países puedan hacer seguimiento a sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero pareciera ser apenas un asunto técnico que involucra imágenes y datos satelitales.
Pero la implementación de los sistemas de medición, reporte y verificación (MRV) de las iniciativas destinadas a la reducción de emisiones de carbono causadas por la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) ha demostrado ser un tema mucho más complejo, según indica Anne Larson, científica del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).
Ello en parte se debe a que hay diversos niveles de toma de decisiones involucrados, desde acuerdos internacionales concertados en cumbres mundiales sobre el clima, hasta políticas de gobiernos nacionales y programas de gobiernos locales para comunidades que viven en los bosques.
“Vivimos en un mundo de gobernanza multinivel”, señala Larson, quien presentó resultados de investigación del CIFOR en un evento paralelo desarrollado en la reciente Conferencia de las Partes (COP 22) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) realizada Marrakech, Marruecos.
“Si queremos lograr un impacto real sobre el terreno en la lucha frente al cambio climático a través del control de los cambios de uso del suelo, tenemos que descubrir cómo mejorar la comunicación y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno”, indica.
La habilidad de los gobiernos nacionales y subnacionales para coordinar entre sí, y para colaborar con los organismos internacionales, varía de un lugar a otro.
“Tenemos que entender lo que hay detrás de los retos de la colaboración, así como las diferentes perspectivas sobre el problema y sus soluciones, y los diferentes intereses económicos o políticos, o los diferentes objetivos”, explica Larson. “Y todo ello está determinado por la dinámica del poder”.
Esto puede dificultar la implementación de los programas, incluso de aquellos que parecen ser soluciones técnicas sencillas.
“El MRV para REDD+ ha sido diseñado a nivel global, pero los sistemas tienen que ser implementados a nivel nacional, y algunos componentes probablemente tendrán que ser manejados a nivel local”, señala Larson.
Eso implica lograr un equilibrio.
Para desacelerar la deforestación y la degradación se requieren buenos sistemas de monitoreo, pero también factores como una planificación eficaz de uso del suelo, garantizar la tenencia de la tierra y asegurar que las comunidades locales participen de los beneficios de los programas de REDD+.
Mientras que los expertos técnicos encargados del diseño de los sistemas MRV deben basar su trabajo en evidencia científica imparcial, la implementación requiere de negociaciones políticas que deben ser transparentes y participativas, según indica la investigadora.
Explica que, en el Perú, por ejemplo, un estudio de CIFOR encontró que los funcionarios gubernamentales trataron de centralizar la recolección de datos para MRV a nivel nacional, pero los funcionarios de los gobiernos locales y regionales también querían acceder a la información y participar en la toma de decisiones.
Si queremos lograr un impacto real sobre el terreno en la lucha frente al cambio climático a través del control de los cambios de uso del suelo, tenemos que descubrir cómo mejorar la comunicación y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno”
“Los sistemas de MRV también deben satisfacer las necesidades regionales y locales. De lo contrario, los gobiernos a esos niveles no querrán hacer el esfuerzo de implementar los sistemas”.
Así ilustra que mientras que la prioridad del gobierno nacional puede ser la información sobre el almacenamiento de carbono y REDD+, los gobiernos locales y regionales requieren información para la planificación del uso del suelo. Las comunidades, por su parte, podrían estar más interesadas en georreferenciar sus fronteras o en controlar invasiones de personas foráneas.
“Es posible que los gobiernos subnacionales no sepan qué información se está recogiendo y por qué, tampoco quién tiene acceso a ella ni cómo podrían utilizarla”, dice Larson.
“El sistema debe diseñarse desde el comienzo de la manera que sea más útil para todos. Requiere un gran esfuerzo reunir a los diversos niveles de gobierno para que hablen sobre estas cosas, pero es lo más eficaz en el largo plazo”.
Según Larson, la comunicación y la coordinación son aún más importantes cuando están involucradas comunidades indígenas, porque los sistemas deben tomar en cuenta sus características culturales.
Si bien los sistemas de MRV pueden ser sumamente técnicos, los expertos encargados de su diseño deben poder discutir sus implicaciones sociales y económicas con los responsables políticos, con funcionarios del gobierno nacional y los gobiernos locales, y con miembros de los grupos de la sociedad civil, dice Larson. También es posible que deban capacitar a funcionarios gubernamentales y representantes de grupos comunitarios que carecen de experiencia técnica.
En lugares como la cuenca del Amazonas, que nueve países comparten, la coordinación entre los gobiernos nacionales también es importante. En América del Sur, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica podría facilitar esa colaboración para “fortalecer las sinergias y minimizar las acciones superpuestas”, dice.
“El MRV no es solo una cuestión de recolección y mapeo de datos”, dice Larson. “Es fundamental prestar atención a las medidas políticas. Para que los programas de REDD+ tengan éxito, deben ser negociados a través de este complejo mundo político”.
Para obtener más información sobre este tema, por favor póngase en contacto con Anne Larson en a.larson@cgiar.org
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