Especial COP23: Ocho medidas para un REDD+ que aborde los derechos indígenas

Desde sus inicios, REDD+ ha generado opiniones divididas sobre sus posibles impactos en los derechos de los pueblos indígenas.

En parte, esto se debe a que REDD+ busca abordar un problema global pero se prepara e implementa de manera local, a menudo en bosques con grandes áreas tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas. Estos bosques se encuentran ubicados en países con diferentes —y a menudo tensas— historias de interacciones y niveles de reconocimiento y respeto por los derechos de los indígenas y de otros ciudadanos dependientes de los bosques.

Como respuesta a estas preocupaciones, y buscando contribuir a los debates en curso sobre los vínculos entre los derechos humanos y el cambio climático, recientemente un grupo de científicos del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) realizó una revisión basada en una búsqueda sistemática de la literatura académica publicada que aborda denuncias de abusos de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la preparación e implementación de REDD+.

Los resultados preliminares de la revisión, publicados en un nuevo Infobrief, buscan contribuir al rápido avance de las discusiones de políticas sobre iniciativas para enfrentar el cambio climático, extrayendo lecciones y recomendaciones para los esfuerzos futuros que busquen abordar este contexto.

LA REVISIÓN

La revisión revela el potencial de REDD+ para exacerbar los ya complejos desafíos que enfrentan los derechos de los pueblos indígenas. Aunque la revisión no busca verificar la exactitud de las denuncias específicas que aparecen en la literatura, sus hallazgos destacan preocupaciones importantes para la preparación e implementación de REDD+.

La evidencia muestra que REDD+ afecta los derechos en al menos tres formas. En primer lugar, los proyectos o programas de REDD+ en ocasiones son responsables de denuncias por violaciones de derechos. En segundo lugar, REDD+ está evolucionando en contextos sociopolíticos y espacios geográficos enmarcados por historias de conflictos anteriores a los acuerdos climáticos actuales, y puede agravar los problemas en contextos que no está preparado para abordar o transformar. Y tercero, REDD+ ha proporcionado algunas oportunidades para el cambio.

ÁMBITOS DE ATENCIÓN TRANSVERSALES

Proponemos tres ámbitos principales de acción: salvaguardas; Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI); y derechos al territorio y a la autodeterminación.

La revisión destaca los puntos clave de preocupación con respecto a las salvaguardas sociales REDD+ de la CMNUCC. En primer lugar, aunque la adopción de salvaguardas es loable, solo se pide a los países que las promuevan y respeten, en vez de que estén obligados a hacerlo. El Marco de Varsovia requiere que los países cuenten con Sistemas de Información de Salvaguardas como una condición previa para recibir pagos por resultados para REDD+, pero queda por ver cómo funcionará esto en la práctica.

En segundo lugar, la implementación de salvaguardas a nivel nacional se ve afectada por las prioridades específicas de cada país, que se basan en diferentes historias de interacciones entre los estados y sus ciudadanos indígenas. Prácticas ya arraigadas de toma de decisiones discriminatorias y excluyentes podrían terminar reproduciéndose a través de REDD+.

Video

¿Están siendo las intervenciones REDD+ efectivas para los bosques y las personas?

La revisión también revela que los procesos de REDD+ han aplicado el CLPI de una manera que no ha hecho mucho por evitar que este se convierta en una herramienta de comunicación, contrarrestando su espíritu original de toma de decisiones inclusiva. Sin lineamientos claros y estrictos, la aplicación del CLPI en los procesos de REDD+ presentará grandes variaciones, incluso contradictorias, entre países. Además, si bien el respeto por el CLPI es clave, este debe incluir un movimiento paralelo para garantizar los derechos a la tierra. No hacerlo obstruye los procesos de CLPI, por ejemplo en lo que respecta a los territorios dentro de los cuales se aplicaría el CLPI.

En cuanto al territorio y la autodeterminación, la revisión demuestra cómo REDD+ puede exacerbar las tensiones relacionadas con la tierra, ya que a menudo se implementa en contextos donde la tenencia de la tierra no está claramente definida ni se aplica. La evidencia preliminar también muestra que, si bien hay una mayor presión de los donantes para la titulación de territorios indígenas en el contexto de REDD+, los procesos de titulación no han indicado una transformación a favor de los derechos en la relación entre los estados y sus ciudadanos indígenas.

HACIA UN REDD+ BASADO EN DERECHOS

A pesar de estas preocupaciones, los hallazgos también revelan el potencial para transformar esta situación mediante la promoción y la mejora de los derechos indígenas, y cómo esto puede contribuir a los objetivos de REDD+. Estudios académicos recientes sobre deforestación concluyen que las áreas ocupadas por pueblos indígenas tienen más probabilidades de ser conservadas que aquellas que no lo están, y la revisión sugiere que la inseguridad de la tenencia es perjudicial para los objetivos de REDD+.

Entonces, ¿cómo sería un REDD+ basado en derechos? Proponemos ocho características como un camino por seguir, las cuales podrían aplicarse también a otras iniciativas para enfrentar el cambio climático.

Un REDD+ basado en derechos:

1. Interactúa activamente con hombres y mujeres indígenas como titulares de derechos, no como partes interesadas o beneficiarios del proyecto.
2. Incluye mecanismos formales y creíbles de reclamo y reparación, con una investigación y registro de denuncias de abusos más diligente, y acceso a la justicia para sus víctimas.
3. Cuenta con salvaguardas sociales que son más que una herramienta para evitar impactos negativos en beneficiarios pasivos, y más bien reconocen los importantes roles de los pueblos indígenas en las iniciativas para enfrentar el cambio climático y en la conservación de los bosques.
4. Prioriza la participación activa de hombres y mujeres indígenas, con lineamientos de CLPI claros y estrictos que se implementarán a lo largo del proceso de REDD+, e involucra iniciativas de desarrollo de capacidades a nivel de las bases para apoyar una participación comprometida.
5. Lidera un esfuerzo concertado para permitir la implementación de iniciativas de titulación y/o formalización cuando existen reclamos territoriales no satisfechos.
6. Es consciente de que los reclamos por derechos a la tierra no resueltos pueden tener un impacto negativo en los esfuerzos para implementar el CLPI como parte de las estrategias nacionales.
7. Piensa de manera innovadora, con atención y financiamiento para pilotos y para ampliación de las propuestas transformacionales existentes, como REDD+ Indígena Amazónico, que fomenta los derechos, los beneficios no relacionados con el carbono y la gestión integral de los territorios.
8. Es financiada con énfasis en los resultados a largo plazo, evitando así la ejecución apresurada de proyectos con salvaguardas poco claras, mecanismos de reclamo y reparación poco estrictos, y reclamos de tierras no resueltos.

Para obtener más información sobre este tema, póngase en contacto con Juan Pablo Sarmiento Barletti en j.sarmiento@cgiar.org o con Anne M. Larson en a.larson@cgiar.org.

Este estudio ha sido presentado en la COP23 de Bonn.

Esta investigación forma parte del Estudio Comparativo Global de CIFOR sobre REDD+  y  fue apoyada por la Agencia Noruega de Desarrollo y Cooperación (NORAD), la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB), y el Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA) del CGIAR con el apoyo económico del Fondo de Donantes del CGIAR: on.cgiar.org/CGIARFundDonors.